Presupuestos para el año 2017 de la Comunidad de Castilla y León

Fecha de publicación:

6 de julio de 2017

Fuente:

Consejería de Economía y Hacienda

Descripción:

LEY 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2017

Contenido:

Las disponibilidades contenidas en el Presupuesto de Gastos para 2017, se elevan a 10.293,19 millones de euros, para aprovechar las oportunidades de un escenario económico de recuperación, y consolidar los factores que mejoran la competitividad regional, mediante apoyos a la inversión y financieros al sector empresarial e industrial, a la vez que da cobertura a los grandes servicios públicos como la sanidad, la oferta de enseñanzas en todos sus niveles, los programas de servicios sociales y atención a las personas dependientes, y responde a las directrices marcadas por el Gobierno regional para su elaboración.

Además, en la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017, se han tenido en cuenta varios condicionantes, económicos y sociales, cuya evolución, también determinará el desarrollo de las políticas que reflejan los estados de gastos e ingresos:

Se estima la continuidad del crecimiento de la actividad económica a lo largo del 2017, pero inferior al observado en años anteriores, estimándose en el 2,5%, como resultado de la contribución positiva del consumo privado y la inversión, los leves aumentos de la demanda externa y la construcción, si bien todos los sectores productivos mantienen su comportamiento del año pasado, con desaceleración en el sector primario, e incrementos en la industria y el sector servicios. En este sentido, se prevé que el empleo crezca un 2,1% en 2017 y que la tasa de paro media anual se sitúe alrededor del 14,1%. Estas previsiones dependerán, en todo caso, de la evolución de la economía nacional y del contexto internacional.
El Presupuesto de 2017 incorpora un techo de gasto no financiero de 9.247,97 millones de euros, sumando al inicialmente aprobado por las Cortes regionales el importe añadido de ingresos finalistas. Y según las exigencias de la normativa estatal y autonómica en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cumple con el objetivo de estabilidad establecido para 2017, (déficit del 0,6% del PIB), así como con el límite de deuda pública asignado a la Comunidad para 2016 (19,8% del PIB). La senda de consolidación fiscal prevista para las administraciones públicas españolas exige, igualmente, el seguimiento y control de las medidas que se adopten durante el ejercicio presupuestario.
Las prioridades establecidas por la Junta de Castilla y León para 2017, que determinan la asignación de los recursos públicos a la consecución de los objetivos marcados para esta legislatura: Consolidar la recuperación económica y el empleo; garantizar los grandes servicios públicos y fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad. Para ello, se refuerzan las políticas que aumentan la empleabilidad de las personas desempleadas, con incentivos al sector empresarial e industrial, impulsando la I+D+i y su internacionalización, aprovechando las potencialidades de la región y sus capacidades para conseguir la máxima absorción de fondos europeos y estatales. En este sentido, el marco de programación para el período 2014-2020 y la participación en diferentes programas e iniciativas a nivel europeo, seguirán aportando recursos al Presupuesto de 2017, en el que además, se integrarán aquellas transferencias e inversiones que finalmente procedan de los Presupuestos Generales del Estado.
Por último serán factores relevantes en el ámbito de la Comunidad, las modificaciones tributarias que se acuerden a nivel estatal, así como los pactos que impliquen una actuación coordinada de las administraciones públicas, a lo que se añadirá el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que se apruebe.

De manera resumida, los Presupuestos para el 2017, se caracterizan por ser:

DINAMIZADORES de la economía regional, apostando por la I+D+i y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de PYMES y emprendedores, y de la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural.
SOCIALES, porque aseguran la cobertura de los servicios sanitarios y educativos, así como el Sistema de Servicios Sociales y la Red de protección a las personas y familias vulnerables, y de atención a las personas dependientes mejorando los modelos de atención residencial y los servicios más relevantes para la autonomía personal.
INVERSORES, porque el incremento de los recursos destinados a proyectos de inversión, duplica el incremento del presupuesto total, consolidando la recuperación iniciada en los últimos años, con un especial reflejo en las áreas sanitaria, educativa y social.
INTEGRADORES, porque contribuyen al desarrollo social y económico regional, aprovechando los recursos endógenos de cada zona.
EXIGENTES, con el control del gasto y su destino, puesto que incorpora modelos de gestión y medidas de integración de estructuras administrativas que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos.
PARTICIPATIVOS, porque reflejan los acuerdos del Diálogo Social, tanto en políticas de formación y acceso al empleo, competitividad industrial, o la extensión de los apoyos públicos a las situaciones de dificultad generadas por la crisis, todo ello con el fin de aunar todos los esfuerzos posibles.
RESPONSABLES con las generaciones futuras, por el manejo responsable del endeudamiento, dedicado a financiar los servicios que son, de verdad, los necesarios.